Cynthia Gómez Espinal, madre del menor, indicó que los abogados de la defensa, aprovecharon la coyuntura que atraviesa el país por el coronavirus, para conocer la revisión de la medida de coerción de manera virtual donde “las pruebas aportada en su gran mayoría era documentos adulterados; tales como una carta de garantía de inocencia supuestamente emitida por el arzobispado de Santiago”.
La variación de la medida que pone en libertad a Piero Ángelo Perrone, quien guardaba prisión desde el 18 de diciembre del año 2019, está amparada en el cambio provisional de prisión por el COVID-19, según la ordenanza de la Procuraduría General de la Republica.
Gómez Espinal manifestó que el padre de su hijo no calificaba para ser puesto en libertad, en vista de que él no tiene más de 60 años, pero además no padece de ninguna enfermedad crónica, como lo dispone la disposición.
“Las certificaciones de salud de Piero Ángelo Perrone, fueron emitida por un doctor de la misma clínica, que él es dueño accionista donde también fue emitida por otro doctor que es garante del imputado”, sostuvo la madre niño abusado.
De acuerdo a la mujer a Perrone le han emitido certificaciones, de que ha estado enfermo por varios años sin que sea cierto.
“Yo pido justicia, es lo que siempre he pedido, una persona que viole a su propio hijo no merece estar en libertad, tengo miedo de que mi hijo vuelva a vivir el estado emocional, por el trauma vivido”, dijo.
Cynthia Gómez Espinal, quien también es doctora internista, había denunciado que los abogados del imputado estaban diligenciando con la justicia variar la medida de prisión preventiva por un grillete electrónico, arresto domiciliario o garantía económica, tal como finalmente ocurrió, alegando el riesgo que corre la vida de su cliente por la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus en el país.
Según la sentencia, el Ministerio Público, después de verificar las condiciones de salud del imputado, el cual dijo que estaba avalado mediante certificados médicos que han depositado la defensa, no se opuso a la variación de la medida de coerción por la establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, en su numerales 1 y 6 por un localizador electrónico, y que sea impuesta una garantía económica por un monto de RD$500 mil en efectivo.
