SANTO DOMINGO.- Expertos internacionales en jurisprudencia sobre Derecho de Autor abogaron por que toda obra intelectual reciba el pago correspondiente cuando se disponga en cualquier modelo de negocio, para incentivar la creación y preservar la cultura de los pueblos, y lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana haya desconocido esa prerrogativa, afectando a los creadores, especialmente a los productores audiovisuales.
Los juristas Ricardo Vinatea, presidente de la Quinta Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y ex juez de la Suprema Corte; Hugo Gómez Apac, juez titular del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y Eduardo de la Parra Trujillo, mexicano con una amplia bibliografía especializada en derecho de autor, entretenimiento y medios de comunicación, coincidieron en sus juicios en un panel celebrado aquí con los auspicios de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santo Tomás de Aquino.
El panel tuvo como objetivo llevar informaciones y conocimientos sobre los alcances, aplicabilidad y vigencia del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, un tratado con más de 137 años de firmado y del cual República Dominicana es signataria, junto a otros 163 países.
“Existe un gran desconocimiento sobre esa jurisprudencia y hay que valorar la importancia de la propiedad intelectual y defender el derecho de autor; los jueces no reconocen los daños del derecho moral en relación con el patrimonial, le dan más importancia a la propiedad física que a la incorpórea y, al contrario, ésta es más valiosa que aquella”, plantearon.
Explicaron que Berna se complementa con las leyes dominicanas al poner de relieve apreciaciones que justifican la lógica aplicable al derecho de autor, “labor esta que requiere paciencia y estudio, porque hay que tener muy presente que la materia de derecho de autor, como sucede con otras ramas del derecho, tiene la suya”.
En la actividad intelectual, titulada “Jurisprudencia Iberoamericana sobre Derecho de Autor desde la perspectiva de la Convención de Berna”, también participó la dominicana Wallis Pons, expresidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual. La moderadora fue Ana Carolina Blanco Haché, domínico-española especialista en Derecho Comercial graduada en Inglaterra y con maestría en la Universidad de Oxford, y el jurista Pedro Félix Montes de Oca, ex procurador general adjunto para asuntos de propiedad intelectual y primer director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, dio las conclusiones y palabras de cierre.
CASO DOMINICANO
Al referirse directamente a casos de la justicia dominicana, consideraron que la Suprema Corte de Justicia ha desconocido el derecho de comunicación pública en las habitaciones de las clínicas hospitalarias y plantearon que “eso es muy peligroso porque atenta contra los derechos exclusivos de los creadores, siendo últimamente los productores audiovisuales los afectados”.
Citaron la sentencia del alto organismo de la justicia dominicano que rechaza el cobro de facturas por uso y comunicación pública de producciones audiovisuales, acción declarativa de actos de competencia desleal y reparación de daños y perjuicios. Ese recurso fue elevado por EGEDA DOMINICANA contra el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).
“Hay que entender muy claramente que en la clínica existe un modelo de negocio que se adapta a la necesidad de su cliente, que en este caso resulta ser su paciente. Así como se aplica anestesia para calmar el dolor en un proceso quirúrgico y ésta se paga, también se deben pagar las obras intelectuales que ponen a disposición de sus pacientes para lograr su recuperación y bienestar en las habitaciones”, plantearon.
Manifestaron que la obra intelectual debe ser considerada como un insumo más, y debe ser honrado. “De esta manera queda claro que la lógica del derecho de autor distingue entre el cliente de las cable operadoras, que son las clínicas, del cliente de las clínicas que son sus pacientes”.
Se refirieron, igualmente, a que desconocer el pago de los creadores intelectuales sobre sus obras significa desincentivar la creación. “Mañana, cuando quiera obtenerse el pago de derechos, no se va a poder y los creadores, sencillamente, no van a crear más o se irán a otros países que sí los reconozcan”, dijeron.
LA ACTIVIDAD
El panel fue organizado por la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) y el Comité de Estudiantes de Derecho de la PUCMM. Asistieron autoridades universitarias, funcionarios públicos y decenas de estudiantes de la carrera.
El profesor Jaime Ángeles dio la bienvenida a los presentes, en representación del decano de la facultad de Derecho, Héctor Alíes; Carimer Germán valoró la importancia del evento y dio las gracias a nombre de ADOPI, mientras que Nelson Jiménez Cabrera, director gerente de EGEDA DOMINICANA, fue el coordinador y Angelys Báez tuvo a cargo la maestría de ceremonia.
