Hoy Noticias
Dentro de las operaciones ilícitas que realizaban los miembros de la presunta red desmantelada por las autoridades durante la Operación Falcón está el lavado de dinero a través de estaciones de combustibles, a las cuales les pagaban ventas futuras de carburantes por sumas millonarias en dólares, de acuerdo al Ministerio Público.
El órgano acusador del Estado presentó este martes 350 pruebas que, alegadamente, demuestran el lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades reñidas con la ley en que afirmó incurrieron los imputados en la supuesta red, para los cuales pide 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.
Conforme a la acusación del Ministerio Público, varios de los encartados de formar parte de la alegada red “figuran como administradores de estas estaciones” y otros negocios del señalado como cabeza del grupo criminal.
Según el expediente presentado, Erick Randhiel Mosquea, cabecilla del grupo y quien está prófugo, “pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras”.
La acción se realizaba “como forma de lavar dinero producto del narcotráfico”, dice el órgano acusador.
El Ministerio Público aseguró también que “compañías distribuidoras de combustibles estaban acostumbradas a recibir pagos por adelantado y en efectivo de hasta cinco millones de dólares”. No identificó a ninguna.
“El entramado criminal, que se sostenía con dinero producto del narcotráfico, se dedicó así a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba”, acotó en una nota de prensa que reseña parte de los supuestos ilícitos cometidos en la solicitud de medida de coerción.
Aunque su lugar de operación era Santiago, Miches fue uno de los municipios en los que tenían estaciones de combustibles. Esa demarcación de la provincia El Seibo fue definida por el órgano acusador como un punto “neurálgico” para la operatividad de la presunta red de lavadores de dinero producto del narcotráfico.
Seguirán este miércoles
El Ministerio Público presentará este miércoles las conclusiones de su solicitud de medida de coerción, en la continuación de la audiencia, pautada para las 9:30 de la mañana.
Los representantes del Ministerio Público que conforman el equipo que presenta esta solicitud de medida de coerción son los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el fiscal titular de esta provincia, Osvaldo Bonilla, y los fiscales Luisa Liranzo, Surelis Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García, Patricio Rodríguez, Isabel Santos, Miguel Ramos y Enmanuel Ramírez.
Otras noticias
Explosión de tanque de gas deja un muerto y 15 heridos en Pueblo Bávaro
Diputados defienden su exención de autos con un ataque a los empresarios
