Durante mucho tiempo la transparencia fue entendida como una virtud política. Hoy sabemos que es, sobre todo, una capacidad institucional. Depende de que existan reglas, metodologías e instituciones que permitan a cualquier ciudadano conocer cómo se recauda, se administra y se gasta el dinero público. La transparencia no es un acto de fe; es un sistema de información verificable, disponible para toda la sociedad.
La existencia de mediciones internacionales de transparencia modifica el comportamiento de los Estados. Los gobiernos comienzan a producir información, mejorar procedimientos y fortalecer instituciones porque saben que serán evaluados bajo estándares comparables con el resto del mundo. Esa comparación introduce incentivos para sostener políticas de transparencia más allá de los cambios de administración.
Adquiere especial relevancia la publicación de la más reciente Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey), elaborada por la International Budget Partnership y presentada en la República Dominicana por Fundación Solidaridad. Se trata de una de las herramientas internacionales más rigurosas para evaluar la transparencia presupuestaria, la participación ciudadana y la capacidad de supervisión institucional sobre las finanzas públicas. Su fortaleza radica en que no mide percepciones u opiniones, sino documentos oficiales, tiempos de publicación, calidad de la información disponible y mecanismos formales de control democrático.
El resultado alcanzado por el país merece ser observado con serenidad, al pasar de 51 puntos en transparencia presupuestaria en 2015 a 82 puntos en la edición de 2025, que supera ampliamente el umbral que la propia metodología considera suficiente para garantizar información pública útil. Ese recorrido evidencia una década de fortalecimiento institucional.
En ese sentido, la Encuesta de Presupuesto Abierto no solo registra avances; también contribuye a producirlos gracias a su independencia metodológica y a su capacidad para mostrar tanto lo que un país ha logrado como aquello que aún debe mejorar. La participación pública en el proceso presupuestario alcanza 50 puntos y la vigilancia ejercida por el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas permanece en un nivel limitado, con 56 puntos. La propia evaluación también señala tareas pendientes: fortalecer la discusión legislativa del presupuesto, ampliar los espacios de participación ciudadana, mejorar la información sobre riesgos fiscales y robustecer la función de auditoría.
Estas mediciones contribuyen a transformar la transparencia en una política de Estado más que en una política de gobierno. Conviene recordar que ese proceso también ha sido posible gracias al trabajo persistente de una sociedad civil que, durante años, ha promovido el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Organizaciones como Fundación Solidaridad han contribuido a consolidar una cultura de evaluación técnica e independiente, demostrando el valor de la colaboración crítica entre Estado y sociedad.
Porque una democracia madura no pide confianza ciega; ofrece información suficiente para que la ciudadanía pueda verificar por sí misma. Y aquello que se mide puede mejorarse. La transparencia también se mide.
