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El Banco Central de la República Dominicana informa que hasta el mes de junio del 2020, la deuda pública consolidada de República Dominicana asciende al 57.57% del PIB, de la cual el 32.2% corresponde a deuda externa y el 25.3% a la interna.
Sobre el verdadero monto de la deuda pública dominicana siempre existen dudas, por falta de rigor en la implementación de una transparente y unificada metodología en su cálculo cuyas razones pueden ser atribuidas a las inconsistencias a la que lleva el realismo político.
Pero sobre lo que no caben las dudas es que el verdadero monto de la deuda pública deberá ser pagada por un solo actor de la sociedad dominicana: los contribuyentes, ciudadanos que pagan los impuestos y que deben ser sujetos de las políticas y proyectos públicos, como son la seguridad, la educación, la salud o las infraestructuras.
En el caso del Gobierno Central, la deuda pública ha venido creciendo como resultado de las decisiones de administraciones anteriores de recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir los déficits fiscales que año tras año se han ido acumulando. Esto, sin políticas de racionalización del gasto público y creando nuevas deudas para cubrir gastos ejecutados que no estaban programados en los presupuestos públicos, pero que al finalizar cada año eran formalizadas por el Congreso con la aprobación a posteriori de los denominados presupuestos complementarios.
En el caso de la deuda del Banco Central, esta se origina por las emisiones de certificados, denominados como valores en circulación, originados por los salvamentos bancarios del pasado.
En marzo del presente año se introdujo al Congreso un proyecto de ley para la creación de un fideicomiso para la recapitalización del Banco Central, que emitiría instrumentos de ofertas públicas durante un periodo de 20 años y hasta un monto de RD$648.64 mil millones, hasta que esas obligaciones puedan ser absorbidas directamente por el Ministerio de Hacienda.
El presente, sin embargo, está marcado desde marzo, cuando el país fue impactado por la pandemia del Covid-19, lo que llevó al cierre de importantes sectores económicos como el turismo y las zonas francas, además de la parálisis de la producción interna. Asimismo, las suspensiones de trabajadores y despidos masivos y acumulaciones de déficits fiscales que se convierten en nuevas deudas.
En su informe sobre la economía correspondiente al segundo trimestre de 2020, el Banco Central informó de una caída de 8.5% en el PIB, que antes de eso mantenía una racha, año tras año, de crecimiento de más de 5%.
En el sector de hoteles, bares y restaurantes, la caída fue de 42.5%. La manufacturera local y el comercio cayeron 11.8% y 3.1%, respectivamente. El transporte y la construcción se redujeron en 10.8% y 19.5%, respectivamente.
Pero un sector fue altamente beneficiado. Se trata de la intermediación financiera (los bancos), que creció un 14.6%, casi tres veces lo que registró durante el primer semestre del 2019, cuando ese crecimiento se estimó un 5.5%. Se trata del sector que se ha beneficiado con las emisiones de certificados del Banco Central, desde sus inicios.
Esa parálisis de la actividad económica y de los sectores externos generadores de divisas, provocó la caída de las recaudaciones de impuestos en el momento en que se necesitaba incrementar el gasto público para combatir, desde el ámbito de la salud, los efectos de la pandemia del Covid-19 y de sus efectos de parálisis de la actividad económica.
Esto llevó a que entre enero y agosto el déficit fiscal acumulado alcanzara el monto de RD$176,137.2 millones, como resultado de la caída de los ingresos tributarios y el incremento del gasto, según las estimaciones del economista Nelson Suarez, experto en temas presupuestarios.
“La magnitud de déficit señalado, equivalente a un 3.6% del PIB tomado como base para la formulación del Presupuesto General del Estado 2020 (PGE-2020) y a un 3.9% del PIB revisado al 31 de agosto por el Ministerio de Economía”, explica.
Y agrega que esa cifra “representa hasta el momento el más elevado que registra la historia presupuestaria del país para un periodo de ocho meses”.
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