De acuerdo a la instancia de solicitud de medida de coerción depositada en contra de los implicados en el caso Coral y que consta de 195 páginas, mediante esta modalidad a los “policías y militares se les colocaba, de manera fraudulenta, en la nómina de Cestur y el Cusep, cobrando, en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
Aduce que estos recibían un por ciento de los ingresos a cambio de dádivas de bajos montos, por igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
El grupo ante un juez
El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy miércoles, a las 11:00 de la mañana, la solicitud de prisión preventiva en contra de los implicados en el caso Coral, quienes se encuentra recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En el caso, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) , Wilson Camacho, y la directora de Persecución piden al tribunal dictar un año de prisión preventiva en contra de los imputados y que el caso sea declarado complejo.
En el caso figuran como acusados, además del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Flete Guzmán, el teniente coronel Rafael Núñez De Aza, y el mayor del Ejército Dominicano Raúl Alejandro Girón Jiménez,
La investigación implica al mayor general Cáceres Silvestre, al coronel y ex director financiero del CUSEP y el CESTUR, Núñez De Aza, y a la asimilada de la Policía Nacional, la pastora Guzmán Sánchez.
También al mayor del Ejército Dominicano Raúl Alejandro Girón Jiménez, y los miembros de Policía Nacional Tanner Flete Guzmán y Erick Pereyra Núñez, se les acusa de usar fondos públicos, constituir empresas para ocultar bienes e incrementar su patrimonio de forma injustificada.
Otra modalidad
De acuerdo con el documento, otra de las modalidades a través de la cual la red obtenía fondos, era mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
Señala que había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, que se encargan de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta en los imputados. El Ministerio Público detalla que los oficiales se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, los cuales eran fondos distraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
Indica, además, que estos crearon una empresa disfrazada de asociación, realizando por esa vía ofertas millonarias típicas de una organización empresarial para evadir la fiscalización de las sociedades comerciales, dándole la apariencia de una Organización no Gubernamental.
