Por: José Luis Contreras.
Lo ocurrido en Montecristi con la escogencia de presidentes y secretarios en 10 de 11 territorios no es un simple “consenso”: es una imposición al margen de la ley y de los estatutos.
El Artículo 14 de los estatutos del PRM es claro: las decisiones deben ser colegiadas, votadas y legítimas. Aquí no hubo votación real, ni participación efectiva, ni respeto a los organismos competentes.
La Ley 33-18, en sus artículos 43 al 46, establece que las autoridades internas deben elegirse mediante procesos democráticos, transparentes y equitativos, a través de:
Primarias, Convenciones de delegados,
Asambleas de militantes o dirigentes.
Nada de eso ocurrió.
En su lugar, una mal llamada “comisión de consenso”, sin calidad legal ni estatutaria, decidió quién dirige en la mayoría del territorio, arrebatándole a la militancia su derecho a elegir y ser elegida.
Y hay que decirlo claro:
No basta con que un grupo de aspirantes se ponga de acuerdo para declinar y apoyar a otro. Eso no es consenso, eso es un tigueraje ilegítimo. Lo legítimo y legal es que la Dirección Ejecutiva ordene un método de elección conforme a la ley: primarias, convención o asamblea. No lo que un grupo interesado quiera inventar e imponer.
Pero lo más grave es esto:
Se usurparon funciones exclusivas de la Dirección Ejecutiva del PRM, único órgano competente para organizar y convocar estos procesos. Eso tiene un nombre claro: ilegalidad. Aquí no hubo consenso, hubo designación a dedo.Aquí no hubo democracia, hubo exclusión. Aquí no hubo institucionalidad, hubo violación abierta de la ley y los estatutos.
No podemos seguir legitimando la ilegalidad.
Montecristi merece respeto.
La militancia merece voz.
Y lo que no nace del voto, nace sin legitimidad.
