Al escuchar esa grabación y más de 29 elementos de pruebas, el comentarista de televisión Jordi Veras y su padre, Ramón Antonio Veras, irrumpieron en llantos ante los jueces que conforman el Primer Tribunal Colegiado esa jurisdicción, quienes ventilan el proceso seguido a los implicados del atentado ocurrido el 2 de junio del 2010.
La fiscalía presentó como uno de los elementos de pruebas una conversación que sostuvo a través de un celular Franklin Reynoso con Adriano Román, señalado como el principal autor intelectual del intento de asesinato en contra de Jordi.
En la conversación se puede escuchar cuando Reynoso le dice a Román que necesitaba el dinero prometido para pagar a los sicarios que quitarían la vida al abogado.
“Los muchachos necesitan el dinero, no quiero tener problemas con esas personas, que me secuestran un familiar”, le habría expresado Reynoso a Adriano, según la conversación presentada por el Ministerio Público.
También le dice que “los muchachos míos se van a lamber al tal Jordi, yo lo que sé es que ellos van a resolver no solo con él (Jordi)”
Otras de las pruebas que presentó la fiscalía en la audiencia de hoy, están una motocicleta Zuzuki negra, un abrigo gris con pasamontañas, un gorro gris, una gorra azul, un suéter azul, y un dispositivo electrónico con la grabación de una conversación entre Adriano Román y Franklin Reynoso.
También un teléfono Motorola ocupado a Roberto Zabala Espinosa, una tarjeta de presentación, un CD con una grabación de una de las cámaras de seguridad del canal 25, otro teléfono celular ocupado a Candy Caminero, y una pistola calibre 9 milímetro.
Igualmente calendarios, recortes de periódicos, dos libretas en una de las cuales estaba escrito el nombre de Candy Caminero.
Luego que el Ministerio Público presentó todas las pruebas, uno de los abogados de la defensa pidió al tribunal la inadmisibilidad del dispositivo electrónico porque supuestamente la conversación grabada habría sido obtenida sin la autorización de un juez.
No obstante, los jueces del Primer Tribunal Colegiado aceptaron la grabación como prueba, argumentando que ya una juez del Juzgado de la Instrucción había incorporado el dispositivo en el expediente.
