El decreto creó la Comisión Evaluadora de Terrenos del CEA, la cual fue encargada de auditar, regularizar y decidir sobre el aprovechamiento de los terrenos del Estado.
La preside el doctor Bautista Rojas Gómez.
A pesar de que con la medida quedaba paralizada todo tipo de operación de ventas de terrenos y propiedades del CEA, cinco meses después de que el Poder Ejecutivo dispusiera la medida, se produjo la tragedia que dejó como saldo tres personas muertas, `precisamente producto de un conflicto generado por una operación de venta de terrenos por parte del organismo.
José Rodríguez, Indignado porque los terrenos que había comprado le fueron vendidos a otro, revocando su contrato, mató a los locutores Luis Manuel Medina y Leo Martínez, mientras laboraban una emisora de San Pedro de Macorís, quienes presuntamente tenían una mediación en el conflicto. El decreto 268-16 establece medidas para garantizar el aprovechamiento racional y sostenible de los terrenos de ese emporio y en cambio destinarlos a proyectos estatales que beneficien a la población dominicana.
El objeto principal del decreto es inventariar los terrenos propiedad de los ingenios azucareros del Estado, para, como explicó en esa ocasión el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, aprovecharlos de mejor manera dedicando aquellos que no tengan vocación azucarera, a proyectos de interés social.
Igualmente, auditar las operaciones inmobiliarias del CEA y hacer eficientes los actos de levantamientos parcelarios, así como decidir el mejor aprovechamiento de esos terrenos por parte de otras instituciones del Estado.
La Comisión
La Comisión que crea el decreto está conformada por el ministro sin cartera, Bautista Rojas Gómez, quien la presidirá; los directores del CEA y del Catastro Nacional, así como el Contralor General de la República y por el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado.
Establece que la Comisión deberá rendir un informe en un plazo de un año y realizar el inventario con información sobre el uso de los terrenos.
En el inventario estará determinado si los terrenos están destinados a la explotación azucarera, agrícola.
Asimismo, agroindustrial o ganadera. También debe contener información sobre las operaciones inmobiliarias realizadas con los terrenos.
La comisión debe explicar, además, si los terrenos han sido asignados, cedidos en usufructo, permutados, donados o vendidos. Igualmente si han sido ocupados por personas físicas o jurídicas.
El informe dberá tener datos relativos a la modalidad o condición en que se han realizado cada una de estas operaciones.
Prohíbe operaciones inmobiliarias
Por otro lado, el decreto dispone que a partir de la fecha de emisión del mismo, 26 de septiembre del 2016, quedaron prohibidas todas las operaciones inmobiliarias de asignación, la venta, cesión en usufructo y permuta, así como la donación o cualquier otra operación inmobiliaria de terrenos.
Establece, además, que para realizar cualquiera de esas acciones las autoridades del CEA tenían que contar con la autorización expresa previa del Poder Ejecutivo. El decreto también instruye a la Contraloría General de la República a auditar el inventario de los terrenos, las asignaciones, cesiones en usufructo, arrendamiento, permutas y donaciones.
Además, investigar las ventas, temporales o definitivas de los terrenos del CEA en el período 2000- 2016.
Antecedentes
A raíz de que la industria azucarera fue decayendo en el país, el Consejo Estatal del Azúcar fue mermando su producción y tomando la curva hacia la quiebra, por lo que los ingenios que integraban ese emporio fueron incluidos dentro del proceso de capitalización de las empresas públicas.
Ya para el 2004, del millón de tareas con vocación para la producción cañera que poseía el emporio, solo quedaba la mitad. Estaban el ingenio Río Haina, en San Cristóbal y Monte Plata; Catarey, en Villa Altagracia y Esperanza, en Valverde, y los que estaban localizados en San Pedro de Macorís.
DATOS, DETALLES, ANTECEDENTES
En el 2004, a raíz de asumir de nuevo del poder luego de los 4 años de Hipólito Mejía, el presidente de entonces, Leonel Fernández, encontró esos terrenos mermados, no solo por las ventas autorizadas de manera legal, sino por las ocupaciones de parte de particulares, políticos y funcionarios del Gobierno.
Fue entonces cuando Fernández amenazó con expropiar las tierras del CEA vendidas a precio por debajo de su valor real.
En esa ocasión el mandatario se refería a la adquisición por parte de una Constructora de 13.69 millones de metros cuadrados de terrenos del CEA a precios de 60 pesos el metro cuadrado. Fue una operación realizada el 29 de julio del 2001, por valor de RD$821,639,221, a la empresa Hernández Paulino S.A.
En otros casos, en junio del 2004, fue descubierta una banda que se dedicaba a la venta irregular de terrenos del CEA, a través de una operación que alcanzaba los 57 millones de pesos, en esa ocasión fue detenida una persona que encabezaba la banda.
Según declaraciones del director del CEA en ese entonces, Enrique Martínez, en una sola operación de venta de terrenos, durante el gobierno de Hipólito Mejía, el Estado perdió más de mil millones de pesos.
Tres meses después de que Fernández asumiera el poder en el 2004, ya había recuperado unas 30 mil tareas y una gran cantidad de solares que fueron ocupados de manera ilegal o vendidos a precios viles.
Informaciones correspondientes a los años 2006, explican que el CEA desalojó a 50 familias que residían en Los Rieles de Quita Sueño, de 1990, para venderle los terrenos que ocupaban a una empresa exportadora de aguacate.
De igual forma, el 8 de noviembre del 2004, Enrique Martínez inició una investigación para recuperar miles de tareas que habrían sido regaladas a políticos y la venta de miles de metros cuadrados a compañías, muy por debajo del precio real.
Todas esas transacciones fueron generando conflictos de gobierno en gobierno, hasta que en septiembre del pasado año, el presidente Medina dispuso la paralización de las ventas de terrenos del CEA y auditar todas las transacciones.
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