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A partir de ahora la sociedad tiene los ojos puestos sobre las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes deben decidir el destino de los seis acusados del controversial expediente por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht, considerado como uno de los más importantes casos de corrupción en la historia dominicana.
Las juezas terminaron el juicio ayer y se retiraron a deliberar de manera permanente hasta el 14 de octubre a las 3:00 de la tarde, fecha en la que harán pública su decisión.
Las juezas también tienen el reto de descifrar si tenía razón o no la magistrada Miriam Germán Brito, cuando en calidad de jueza de la Suprema Corte de Justicia, hizo el siguiente presagio:
“He insistido en que la teoría del Ministerio Público no es una prueba, es su concepción de los hechos frente a los cuales debe aportar la correspondiente prueba”.
Continuó diciendo: “En el estado actual de este proceso, y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria, que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo”.
La fiscal Mirna Ortiz y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), han insistido en que cumplieron la promesa que hicieron a los dominicanos y dominicanas, y que presentaron pruebas suficientes para obtener condena contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.
El órgano acusador ha pedido a las juezas sentencias de diez años contra Rondón y Díaz Rúa; siete años contra Pittaluga y cinco para Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista.
Mientras que los seis imputados se declararon inocentes y pidieron ser absueltos por presunta falta de pruebas del Ministerio Público para probar su acusación.
También pidieron que se rechace el decomiso de todos sus bienes y de sus cuentas bancarias como es la pretensión de los representantes de la Pepca.
Desde que en 2016 la multinacional Odebrecht admitió que pagó US$788 millones en sobornos en 12 países, se removieron los cimientos políticos de los estados de América Latina involucrados, al punto de ser el detonante del suicidio del expresidente peruano Alan García en 2019.
En el país, Odebrecht admitió pagos por US$92 millones en cohecho para agenciarse contratos de obras estatales. El 26 de diciembre de 2016 el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez, anunció el inicio de la investigación formal del caso Odebrecht. Dos días después, comenzó una serie de interrogatorios.
El 10 de enero de 2017 Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en el país fue interrogado en la Procuraduría General de la República. Ofreció informaciones del caso, dando riendas a la tanda de interrogatorios que duró varios meses.
Fueron entrevistados Rondón, Radhamés Segura, Freddy Pérez, Roberto Rodríguez, Mariano Germán, Alberto Holguín, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez, y Andrés Bautista.
También, Jesús (Chu) Vásquez, Alfredo Pacheco, Frank Rodríguez, Rafael Suero, Leonardo Guzmán, Conrado Pittaluga, Reinaldo Pared Pérez, Tommy Galán y Cristina Lizardo. Además, Julio César Valentín, Larry Shell y Henry Marquard (de la empresa Stanley Consultants), Abel Martínez, Ramón Alburquerque, Ruddy González y Vicente Bengoa.
Desde tempranas horas del 29 de mayo de 2017, se produjeron arrestos de empresarios, políticos y funcionarios que, en principio fueron vinculados.
Aunque a juicio solo llegaron Ángel Rondón, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa, en principio, el Ministerio Público imputó a 14 personas. La lista la integraban también Alfredo Pacheco, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Temístocles Montás, Julio César Valentín, Máximo D’ Óleo, Radhamés Segura, Ruddy González.
