Mas, de 74 años, fundó en 1991 la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), convertido en el cuarto fabricante mundial de prótesis mamarias gracias a sus implantes de bajo coste, fabricados con un gel no homologado por las autoridades.
El acusado fue condenado, además, a una multa de 75.000 euros, frente a los 100.000 reclamados por la acusación, y a la prohibición de ejercer una profesión en el terreno sanitario o médico.
Mas deberá, además, indemnizar a las casi 5.000 víctimas que se personaron en el juicio por daños morales y ansiedad, así como perjuicio corporal, con un máximo de 13.000 euros.
Los abogados del fundador de PIP anunciaron que apelarán la condena, por lo que, por el momento, no ingresará en prisión.
Además del creador de las prótesis PIP, el Tribunal condenó a otros cuatro trabajadores de la empresa a penas de entre tres años de cárcel, con dos exentos de cumplimiento, y año y medio de prisión sin cumplimiento.
Todos ellos han sido considerados culpables de haber puesto en marcha un proceso para engañar a las autoridades sanitarias francesas y poder fabricar en su planta del sureste francés prótesis con un gel no homologado, derivado de una silicona industrial diez veces más barata que la de sus competidores, lo que les convertía en las más competitivas del mercado.
Hasta su prohibición en 2010, poco después de que se multiplicaran los incidentes con las prótesis mamarias PIP, la acusación estimó que la empresa se ahorró un millón de euros anuales en gastos de fabricación.
PIP llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera de Francia, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se estima que 33.000 mujeres fueron operadas para implantarles esas prótesis.
Pese a las acusaciones de fraude, durante el juicio Mas confesó utilizar una silicona industrial, pero afirmó que sus prótesis no tenían ningún riesgo sanitario y acusó a las mujeres que lo llevaron ante los tribunales de ser «frágiles» y de pretender «sacarle el dinero».
Un dinero que asegura que no tiene, porque, según explicó en la audiencia, el cierre de su empresa le dejó en la ruina, algo que los abogados de las denunciantes consideran falso, por lo que han pedido que se investigue la posibilidad de que tenga fondos ocultos en paraísos fiscales.
En el ojo del huracán también está ahora la empresa alemana Tüv, que durante años certificó las prótesis de PIP y pasaba por alto que estaban fabricadas con un gel no homologado.
Esta empresa fue condenada por el Tribunal de Comercio de Toulon a indemnizar a 1.500 víctimas, pero el recurso presentado por sus abogados ha retrasado los pagos.
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