El embargo de las cuentas personales del Banco Popular del alcalde de Santiago, viene a raíz de los cobros realizados por una firma de abogados, en representación de una empresa suplidora de la gestión pasada que dirigía el entonces sindico José Enrique Sued Sem.
El vocero del alcalde Fernando Ramírez, describió la sentencia del Juez, Ramón Francisco Ureña Ángeles, como arbitraria y sin fundamentos relégales.
La dirección legal del Ayuntamiento de Santiago, criticó además la actitud del Banco Popular, que no se detuvo a analizar que esta no era una demanda de responsabilidad patrimonial, ni personal, según los representantes legales del ayuntamientos el tribunal nunca estableció que se condenaba de manera solidaria al alcalde Martínez, tampoco puntualiza sobre en qué consiste su responsabilidad.
La sentencia civil marcada con el número 367-2018-SSEN-001699, de la Tercera Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Santiago, en la cual se ordena el pago de facturas de servicios a favor del nombrado Ignacio Paulino, ascendente a unos RD$ 5,272,339.20, por concepto de alquiler de equipos a esa entidad edilicia durante los años 2008 y 2009.
Los representantes legales tanto del Ayuntamiento como del alcalde también criticaron la forma que de manera, “alegre e irresponsable” la entidad de intermediación financiera Banco Popular y sus ejecutivos procedieron a emitir una certificación, que hoy es utilizada con malas intenciones, en todos los medios de comunicación de masas y redes sociales.
