Dilcia Patricia Vargas admitió parte de los hechos que se le atribuyen y acordó colaborar con el Ministerio Público; jueza decidirá el próximo lunes sobre las medidas de coerción de todos los imputados.
Onelio Domínguez
Hoy Noticias/Santiago, R.D.-El Ministerio Público modificó este viernes su solicitud de medida de coerción contra Dilcia Patricia Vargas, exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), al variar el pedimento de prisión preventiva por arresto domiciliario, luego de que la imputada manifestara su disposición de colaborar con la investigación de la denominada Operación Onco 14 y admitiera parte de los hechos que se le atribuyen.
La información fue ofrecida por su abogado, Ricardo Reyna, al término de la audiencia de conocimiento de medida de coerción. El jurista explicó que el cambio en la solicitud del órgano acusador responde a la colaboración brindada por su defendida.
“El Ministerio Público acogió nuestro pedimento de variar la solicitud de prisión preventiva por prisión domiciliaria para Dilcia Patricia Vargas. Esperamos seguir colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y que la sociedad dominicana sea resarcida de lo ocurrido en el patronato”, expresó Reyna.
El abogado agregó que su representada ha reconocido parte de los hechos investigados, aunque evitó ofrecer mayores detalles al indicar que estos serán dados a conocer una vez se formalicen los acuerdos con el Ministerio Público.
Fallo será emitido el lunes
Tras más de tres horas de audiencia, la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, se reservó el fallo para el próximo lunes 29 de junio, a las 7:00 de la noche, luego de escuchar los argumentos, réplicas y conclusiones de las partes.
Durante la jornada, el abogado Pantaleón Mieses, representante legal de la imputada Luisa Guzmán, informó que la defensa solicitó la imposición de medidas de coerción no privativas de libertad, al considerar que el Ministerio Público no ha demostrado la necesidad de prisión preventiva.
Mieses sostuvo que la investigación aún no está concluida y que faltan auditorías y otras diligencias probatorias. Asimismo, afirmó que Guzmán mostró disposición de colaborar con las autoridades desde el inicio de la investigación y cuestionó que permanezca vinculada al proceso únicamente por ser la esposa de Héctor Antonio Lora Cruceta.
El jurista también consideró desproporcionado que Vargas, quien presuntamente formaba parte de la estructura investigada, pueda recibir arresto domiciliario tras colaborar con el Ministerio Público, mientras que para su defendida se mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva.
Cuestionan alcance de la investigación
Durante la audiencia, el abogado Francisco Consoró, representante de dos de los imputados, cuestionó que el Ministerio Público haya sometido únicamente a dos de los nueve integrantes del Consejo Directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al considerar que las responsabilidades deben investigarse de manera integral.
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red investigada habría administrado alrededor de RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), recursos que forman parte de una investigación por supuestos delitos de estafa, chantaje, lavado de activos y otras infracciones en perjuicio del Estado, pacientes con cáncer y el sistema de salud.
“El Oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es precisamente lo que está siendo objeto de investigación”, declaró el procurador adjunto Wilson Camacho.
Al concluir la audiencia, los representantes del Ministerio Público, encabezados por Camacho, abandonaron la sala sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. La decisión sobre las medidas de coerción para todos los imputados será dada a conocer el próximo lunes.
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