Aplazan para el próximo viernes 19 la medida de coerción contra los imputados en la Operación Onco 14.
Los imputados habrían manejado aproximadamente RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), de acuerdo con el procurador adjunto Wilson Camacho al concluir la audiencia de medida de coerción contra los imputados en el caso.
La cifra corresponde únicamente a los recursos bajo investigación relacionados con el sistema de salud estatal, dentro de una presunta red señalada por el Ministerio Público por delitos de estafa, chantaje, lavado de activos y otras infracciones penales.
“El oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud Senasa aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, afirmó Camacho.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazara para el próximo viernes 19 de junio el conocimiento de la medida de coerción contra los acusados.
De acuerdo con el titular de la Dirección General de Persecución, el aplazamiento fue solicitado por los abogados de la defensa, quienes alegaron necesitar más tiempo para estudiar el expediente presentado por el órgano acusador.
“La audiencia se aplazó a solicitud de la defensa, que textualmente ha dicho al tribunal que necesita tiempo para estudiar el voluminoso proceso que ha depositado el Ministerio Público”, explicó.
Camacho sostuvo que el Ministerio Público mantiene su solicitud de 18 meses de prisión preventiva, fundamentada en la cantidad de pruebas recopiladas durante la investigación.
Asimismo, indicó que el expediente contiene múltiples imputaciones penales vinculadas a la supuesta operación de la estructura criminal.
“La calificación jurídica es amplia. Tiene estafa contra el Estado dominicano, tiene chantaje, tiene lavado de activos, entre otros tipos penales que son parte del proceso y que el Ministerio Público desarrolla con su investigación”, señaló.
La audiencia fue reprogramada para las 4:30 de la tarde del próximo viernes 19 de junio, fecha en la que el tribunal conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los implicados.
La medida fue acatada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, a solicitud de la defensa.
“Fue aplazada a fines de nosotros poder conocer todas las piezas del expediente, así como para poder presentar los presupuestos de lugar de nuestros representados”, señaló el abogado Antonio Falete en representación de Dilcia Vargas.
