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Onelio Domínguez
Santiago, R.D.
La medida fue dictada tanto contra personas jurídicas como físicas vinculadas al hecho. Entre los imputados figuran la Asociación Leonardo Da Vinci, Inc. y la empresa Hacienda Los Caballos, S.R.L.
El juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, Joob García, impuso una medida de coerción consistente en garantía económica de ocho millones de pesos, contra 6 implicados en el caso de la muerte de la niña de nacionalidad haitiana, Stephora Joseph de 11 años, quien falleció ahogada en una piscina.
La medida fue dictada tanto contra personas jurídicas como físicas vinculadas al hecho. Entre los imputados figuran la Asociación Leonardo Da Vinci, Inc.; su presidente, Eduardo Rafael Estévez Bretón; el director académico Freddy Núñez; así como la empresa Hacienda Los Caballos, S.R.L., junto a Pedro Pablo Muñoz Puntiel, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, estos últimos relacionados con la referida propiedad.
Los abogados de la familia de la víctima, Miguel Valdemar Díaz Salazar y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, valoraron parcialmente la decisión del tribunal, al tiempo que cuestionaron la ausencia de medidas de coerción personales.
Díaz Salazar explicó que la disposición judicial busca garantizar una eventual reparación civil en caso de que se determine responsabilidad en el proceso. “Se trata de una medida de coerción real, no personal, cuyo objetivo es asegurar que la víctima o sus familiares puedan ejecutar una indemnización en el futuro”, indicó.
Asimismo, señaló que el tribunal acogió de manera parcial los planteamientos de la parte querellante, permitiendo que los imputados enfrenten el proceso en libertad, bajo la obligación de presentar la garantía económica establecida.
De su lado, el abogado Shesnel Alejandro Calcaño Mena sostuvo que durante el proceso el Ministerio Público no ha actuado con la contundencia esperada, alegando que existen elementos que comprometen a algunos de los involucrados.
Indicó además que, según informaciones ventiladas en audiencia, representantes del centro educativo tenían conocimiento de restricciones relacionadas con las actividades que se realizaban al momento del hecho.
El caso continuará en las próximas etapas del proceso judicial, donde se determinarán posibles responsabilidades penales y civiles en torno a la muerte de la menor.
