Onelio Domínguez
Hoy Noticias.
En los últimos días, distintos medios de comunicación han servido de escenario para un debate que, más que necesario, resulta preocupante. La discusión gira en torno al uso obligatorio del casco protector por parte de los motoristas, una medida que, lejos de ser caprichosa, busca salvar vidas.
Sin embargo, sorprende la cantidad de argumentos que intentan justificar su incumplimiento. Que si incomoda, que si afecta la visibilidad, que si es una imposición excesiva. Incluso se ha visto a sectores defendiendo a quienes se resisten a acatar la norma, como si se tratara de una persecución y no de una política de seguridad vial.
La realidad es otra. El uso del casco no es un tema de preferencia personal, sino de supervivencia. Cada año, los accidentes de tránsito cobran miles de vidas, y una gran parte de esas víctimas son motoristas. Muchos de esos fallecimientos podrían evitarse con una medida tan simple como portar un casco adecuado.
Resulta contradictorio que, por un lado, la sociedad cuestione constantemente qué hace el Gobierno frente a la alta tasa de accidentes, pero por otro, cuando se implementan disposiciones concretas, surjan excusas para evadirlas. No se puede exigir acción y al mismo tiempo rechazarla cuando llega.
Tampoco somos un caso aislado. En numerosos países, el uso del casco es obligatorio y su cumplimiento estricto ha contribuido significativamente a reducir la mortalidad en las vías. Los resultados están ahí, respaldados por estadísticas y experiencias internacionales.
Lo que corresponde ahora no es debatir lo evidente, sino asumir responsabilidad. La seguridad vial no puede seguir siendo rehén de la improvisación ni de la doble moral. Defender el incumplimiento de la ley es, en la práctica, normalizar el riesgo y restarle valor a la vida.
La disposición existe y es clara. En lugar de buscarle excusas o interpretaciones convenientes, lo que procede es adaptarse. Porque al final, no se trata de una multa ni de una imposición: se trata de llegar con vida a casa.
