Onelio Domínguez
HOY NOTICIAS
Montecristi, R.D.
La amenaza de desalojo que enfrenta la comunidad de Loma de Castañuelas, en la provincia Montecristi, tiene su origen en una cadena de transacciones de terrenos que se remonta a la década de 1970, según explicó el abogado Vladimir Jiménez durante una exposición sobre el caso.
La situación mantiene en incertidumbre a más de 400 familias, que agrupan alrededor de 1,600 personas, quienes aseguran haber residido en la zona por generaciones.
Origen del conflicto
De acuerdo con Jiménez, el conflicto inicia en el año 1970, cuando un hombre identificado como Cesáreo Toribio vendió extensas porciones de terreno al señor Ernesto Pérez. Entre las parcelas transferidas figuran la número 14, 16, 25, 28-B-2, 28-B-3 y la 663, abarcando gran parte del territorio correspondiente al municipio de Villa Vásquez.
Según los registros obtenidos en el Tribunal de Tierras, Pérez, quien residía en la capital, adquirió los terrenos el 30 de mayo de ese año. Para ese momento, explicó el jurista, ya existían asentamientos humanos en la zona, incluyendo infraestructuras como una escuela que funcionaba desde la década de 1930.
El abogado señaló que la venta realizada por Toribio incluyó terrenos donde ya residían familias, lo que posteriormente generó el conflicto sobre la titularidad y posesión de las tierras.
Transferencia hereditaria y nueva venta
Tras la muerte de Ernesto Pérez, los terrenos pasaron a manos de su esposa, Ana Quisqueya, junto a dos hijos que el fallecido tenía de una relación anterior, conforme a un proceso de sucesión testamentaria validado por el Tribunal de Tierras.
Posteriormente, en 1990, Quisqueya vendió los terrenos a una compañía por la suma de RD$3,000, transacción que, según Jiménez, se realizó dentro de los procedimientos legales establecidos en ese momento.
El jurista explicó que la empresa adquiriente habría obtenido derechos de propiedad registrados, situación que actualmente sustenta los reclamos legales sobre los terrenos.
Reclamos actuales y temor comunitario
En la actualidad, presuntos propietarios reclaman la posesión de los terrenos, exigiendo pagos que los residentes consideran excesivos, lo que ha generado alarma entre los comunitarios ante la posibilidad de desalojos.
Los moradores sostienen que poseen un arraigo social consolidado tras décadas de residencia ininterrumpida, donde han construido sus viviendas y desarrollado su vida familiar y comunitaria.
Jiménez indicó que, aunque existen títulos de propiedad registrados, también debe considerarse el derecho de posesión que alegan los residentes, argumento que será defendido en los tribunales.
“El pleito será llevado a la justicia. Estas personas tienen un derecho registrado, pero los comunitarios poseen una ocupación continua que también debe ser evaluada legalmente”, expresó.
El abogado agregó que su familia también ha sido afectada por la situación, señalando que su abuela residió durante toda su vida en esos terrenos.
Intervención de autoridades
Ante la magnitud del conflicto social, autoridades provinciales sostuvieron reuniones con representantes comunitarios, donde manifestaron su respaldo a los moradores y su disposición de buscar soluciones que eviten el desplazamiento masivo de familias.
Mientras avanzan los procesos legales, la comunidad permanece en estado de incertidumbre, a la espera de que las autoridades y los tribunales definan el destino de los terrenos en disputa.
