La exdiputada Rosa Amalia Pilarte fue arrestada este miércoles, por disposición del Juez de la Ejecución de la Pena de La Vega, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia remitiera el expediente de la sentencia que ordena su envió a la cárcel de Rafey de Santiago.
El arresto fue realizado por la Procuraduría General de la República, luego solicitara al tribunal la ejecución de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, por lavado de activos y financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, el pasado lunes, la exlegisladora por el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), solicitó al Tribunal Constitucional (TC), la suspensión de la ejecución de la sentencia, hasta tanto se conozca un recurso de revisión constitucional.
Cabe destacar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de agosto pasado, ratificó la sentencia condena a Rosa Pilarte, a cinco años de reclusión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público, Sin embargo, el pasado primero de septiembre,
La sentencia destaca que la defensa no pudo refutar las pruebas que demostraron que Pilarte movilizó más de RD$4,400 millones en sus cuentas entre 2003 y 2021, a pesar de haber declarado ingresos por solo RD$16 millones durante ese mismo período.
El tribunal consideró insostenible la discrepancia entre sus ingresos declarados y los movimientos millonarios.
Además, el pleno de la Suprema determinó que Pilarte actuó con pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos.
La acusada transfirió múltiples inmuebles a una empresa fachada, Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., siguiendo un patrón de colocación, estratificación e integración típico de las operaciones de lavado de activos.
La Suprema confirmó que la condena se fundamenta en pruebas suficientes e indicios razonables presentados durante el juicio.
La sentencia incluye el pago de las costas procesales y será notificada a las partes y al Tribunal de Ejecución de la Pena de La Vega para su cumplimiento.
Se recuerda que la Segunda Sala Penal de la Suprema, condenó además a la exlegisladora al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público y que la pena impuesta fuera cumplida en el centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
Además, ese tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno de 728.11 metros cuadrados, entre otros bienes.
