El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le impuso al comunicador Ángel Martínez impedimento de salida, garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica.
La decisión forma parte de la medida de coerción impuesta en el caso de difamación e injuria en su contra, interpuesto por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
A Martínez se le acusa de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal Dominicano.
La instancia, depositada el pasado 30 de mayo, se fundamenta en “graves acusaciones” de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales “inapropiadas”.
En la instancia presentada por separado, se aduce que los señalamientos difundidos por Martínez son injuriosos y carentes de fundamento, con el aparente objetivo de dañar la imagen pública y profesional de Raful.
En la querella, Faride reclama el pago de una indemnización de 100 millones de pesos por los daños y perjuicios causados.
