La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago fijó para el próximo 6 de agosto el fallo definitivo sobre el recurso de amparo presentado por residentes del Reparto Universitario, quienes se oponen al trazado del Monorriel por esa zona.
La jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme, quien estuvo a cargo tomó la decisión luego de escuchar los argumentos de las partes involucradas, entre ellos, representantes de la Junta de Vecinos, que alegan posibles afectaciones a la comunidad.
El proyecto, impulsado por el gobierno, busca modernizar el transporte en la ciudad, pero enfrenta resistencia por su impacto urbanístico.
La acción de amparo presentada por estos comunitarios en defensa del Arroyo Burgos y del área verde amenazados por el trazado del proyecto del monorriel que comprende desde la Estación 11 (Monumento a los Héroes de la Restauración) hasta la Estación 12 (próxima a la PCMM).
La acción fue interpuesta por residentes, juntas de vecinos y organizaciones sociales del sector, representados por los abogados Mito Núñez, Juan de Dios Reyes y Domingo de los Santos, quienes argumentaron que el trazado vulnera derechos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, la salud, la propiedad privada y la calidad de vida de los habitantes.
Durante la audiencia celebrada este martes, también intervino como parte voluntaria la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop), representada por los abogados Nelson Reyes Estrella, Wilton Peña y Carmen R. Olivo, quienes respaldaron los argumentos de la acción principal, enfocándose en la defensa del ecosistema del Arroyo Burgos y la preservación del importante ecosistema, protegido por la constitución, la Ley No 64-00 sobre Medio Ambiente y recursos Naturales, Ley 333-15 sobre Biodiversidad, La Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial y la Ley 176-07 Sobre el Distrito Nacional y los Municipios.
El abogado Mito Núñez afirmó ante el tribunal que el trazado en litis vulnera derechos constitucionales y amenaza con destruir un recurso natural protegido por la ley como el referido arroyo y el área verde. Por su parte, el abogado Juan de Dios Reyes, señaló que existen rutas alternas viables que no comprometerían la integridad del medio ambiente ni los derechos de los moradores.
enfatizó que este proceso es una expresión legítima del derecho de participación ciudadana ante decisiones estatales que afectan la vida de comunidades enteras. Destacó que el Estado está obligado a realizar consultas públicas reales y vinculantes, conforme al principio de legalidad y los artículos constitucionales que protegen los derechos fundamentales y colectivos.
En su intervención, el abogado, politólogo y miembro de Fundetrop, Wilton Peña, fundamentó la intervención señalando que el proyecto del monorriel vulnera los derechos colectivos y difusos reconocidos en los artículos 66 y 67 de la Constitución de la República Dominicana, los cuales garantizan el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y establecen el deber del Estado y de la ciudadanía de proteger los recursos naturales, la biodiversidad y los sistemas ecológicos.
Nelson Reyes Estrella, destacó que el Arroyo Burgos constituye un ecosistema único y vital dentro del área urbana de Santiago, y que su conservación, junto con el área verde del Reparto Universitario, representa no solo un deber legal y ético, sino una necesidad urgente ante el avance de la urbanización sin planificación ambiental.
Señaló además que estos espacios proveen servicios ecosistémicos esenciales como regulación térmica, absorción de aguas pluviales, recreación comunitaria, habita para decenas de especies de animales y plantas endémicas y amenazadas por lo que esta área garantiza la biodiversidad.
Los accionantes sostienen que el proyecto, tal como está concebido, podría generar impactos negativos irreversibles en el cauce del arroyo, alterar la biodiversidad local y destruir un espacio natural crucial para la comunidad, utilizado para recreación, mitigación del calor urbano y drenaje pluvial.
Además, denunciaron que las autoridades no realizaron consultas públicas adecuadas ni evaluaron alternativas de menor impacto ambiental, violentando principios constitucionales y normativas sobre participación ciudadana y desarrollo sostenible.
De acoger el amparo, el tribunal establecería un precedente significativo en cuanto a la protección del medio ambiente urbano frente a megaproyectos, reafirmando el derecho de las comunidades a defender sus recursos naturales y a ser escuchadas en la planificación del desarrollo.
La comunidad y las organizaciones esperan un fallo que reconozca la legitimidad de sus reclamos y ordene la modificación del trazado del monorriel para proteger el patrimonio ecológico del Reparto Universitario y el Arroyo Burgos.
