Hoy Noticias,Santiago, R.D. – La reciente propuesta del presidente Luis Abinader de excluir de la publicidad estatal a los medios que “difamen” debe llamar al debate sobre la libertad de prensa y el papel del Estado en la comunicación pública. La intención, según el mandatario, es frenar la desinformación y proteger la integridad del gobierno y de figuras públicas Pero, en un país donde el mayor anunciante es el Estado ( Poder Ejecutivo) , la medida tiene un mal olor a censura encubierta.
La gran pregunta que el Presidente debe responder : ¿quién decide qué es difamación? Si la exclusión de medios depende de una sentencia irrevocablemente juzgada, la justicia será la árbitro. Pero si la decisión queda en manos del gobierno, entonces estamos frente a un mecanismo de control disfrazado de regulación.
El problema se agrava cuando recordamos que muchos medios dependen de la publicidad estatal para sobrevivir. No es un secreto que, en República Dominicana, la línea entre periodismo y relaciones públicas es difusa. Los gobiernos han usado siempre la publicidad como premio o castigo a quienes lo apoyan y castigo a quienes no. La diferencia ahora es que la amenaza se hace pública y de parte del máximo representante del poder Ejecutivo el presidente de ña República Dominicana, queriendo demostrar como una política de transparencia.
Más que una medida para combatir la desinformación, esto suena a un mensaje claro *”Si criticas demasiado, te cerramos el candado.”* La democracia necesita una prensa fuerte, no una domesticada por el presupuesto estatal y deforma doblegada menos.
Si el presidente Luis Abinader y su gobierno, quiere realmente combatir la difamación, que deje de jugar al *juez* y apueste por fortalecer la justicia. De lo contrario, *estaremos frente a un peligroso precedente donde la independencia de los medios se mida en función de su apoyo a la gestión gubernamental ante de ser un contrapeso del poder.*
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