Onelio Dominguez
Hoy Noticias, Santiago,R.D
El Juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó hoy la medida coerción a nueve implicados, tres de ellos miembros de la Policía Nacional activos, todos vinculados a una supuesta red de microtráfico desarticulada en Navarrete.
José Rafael D’ Asís, es el juez que está a cargo del conocimiento de la coerción, tomó la decisión de aplazar la audiencia para este próximo viernes 22 del mes en curso, a los fines de que los abogados de nueve implicados puedan conocer el expediente a plenitud.
Dentro de los detenidos se encuentran tres agentes de la policía Nacional, quienes a la hora de su apresamiento, estaban activos en la institución policial.
Los implicados en esta supuesta red criminal, que supuestamente lideraban Ricardo Diloné Sosa (el Amarillo), y su esposa, Eliana Magdeline Francisco Núñez (Madelin), estaba integrado, además, por Anthony Morel Rodríguez, Antonio Morel Peralta (Ramón), Willi Manuel Rivas (Willi), Arístides de Jesús Castillo Fernández, Starlin Álvarez Álvarez (miembro de la PN), Jerison Morel Arias (miembro de la PN), y Robinson Contreras Sisnero (el Gago) también miembro del cuerpo civil armado.
Para interceptar a los implicados en este caso, participaron más de 30 fiscales que trabajaron en la operación, contaron con el soporte de más de 400 miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, y otra decena de oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Contra los cabecillas de la organización, el Amarillo y Madelin, se presentaron cargos provisionales consistentes en violación a los artículos 4, letra D; 5, letra A; 6, letra A; 8, 28, 29, 34, 58, letras A, B y C; artículos 60 y 75, párrafo II, así como el artículo 85, letra J, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de patrocinadores. En su contra también se formularon cargos por transgredir los articulados 265 y 266 del Código Penal Dominicano que sancionan la asociación de malhechores; así, además, se enfrentan a imputaciones por violación a la Ley 631-16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
