“Aprovecho la ocasión para destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quienes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener”, dijo la magistrada durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amcham-DR).
Expresó que ha sido más prioritario generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que gobiernan la función, apostando por un rol de «fiscalización moderado a través de instrucciones generales y requerimientos de informes de actuación«.
La magistrada destacó que tradicionalmente en el país no se han hecho esfuerzos notorios para combatir la corrupción, por lo que se justifica el clamor social de “cero impunidad” cuando el erario ha sido comprometido en detrimento del desarrollo humano, al tiempo que dijo “quiero enfatizar que esta lucha sí es prioridad de esta gestión”.
“He repetido en varias ocasiones que habrá consecuencias, más no en violación del debido proceso y las garantías constitucionales de las personas investigadas”, precisó.
Favoreció que el fiscal escuche lo que gritan desde las gradas, pero dijo que debe tomar una distancia prudente, para ejercer la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho.
Resaltó que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir los grandes y no tan grandes casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, siempre en estricto apego del debido proceso.
Refirió que hace falta, además, sacar un mayor provecho a los mecanismos de negociación que se han otorgado desde que se implementó el sistema penal acusatorio, a fin de recabar información para identificar los activos ilícitos susceptibles de ser confiscados (modificando el enfoque, haciendo uso adecuado para prevenir el comportamiento).
“Aquí entran las figuras del comiso y extinción de dominio, vitales a la hora de capturar el dinero malversado, sobre la base de una propiedad que carece, en principio, de protección constitucional”, declaró.
Expresó que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y, más importante aún, mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas corruptas.
“Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las normas”, dijo.
