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Los generales, coroneles y otros apresados durante la Operación Coral 5G serán presentados ante un juez la mañana de este jueves para ser procesados por su presunta vinculación en un entramado corrupto que desvió millones de pesos del erario hasta sus propios bolsillos.
Los imputados se enfrentarán a la Justicia luego de que fueran apresados en una serie de allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
El órgano persecutor está solicitando que a estos imputados se les imponga la prisión preventiva de 18 meses y que el caso se declare complejo, para tener más tiempo de desarrollar la investigación y evitar que los imputados puedan destruir pruebas y amenazar a testigos, como se ha establecido en el expediente.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación. Además, se han ocupado hasta el momento 125 propiedades.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El expediente del Ministerio Público establece que una vez se enteraron de que estaban siendo investigados, los miembros de la red de corrupción administrativa supuestamente trataron de intimidar a testigos para que no declaren. “La investigación realizada por el Ministerio Público hasta el momento, ha demostrado que esta red criminal ha estado haciendo maniobras para distraer los bienes adquiridos producto de los delitos imputados, sobre todos los bienes inmuebles, así como la ocultación de pruebas relevantes para la investigación, por igual ha estado haciendo maniobras para que informaciones relevantes no lleguen a las manos del Ministerio Público, por igual ha intimidado a testigos para que no declaren, bajo el argumento: “No se metan con los guardias”, indica el expediente de solicitud de medida de coerción. El Ministerio Público precisa que los altos mandos militares imputados tienen mucha influencia en los organismos de seguridad del Estado.
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