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El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón, conoció este viernes la medida de coerción contra el último implicado en el caso Falcón, Kelvin Torres.
Salomón envió a Torres a 18 meses de prisión preventiva, además de declarar su caso como complejo, con la fecha de revisión de la medida dentro de tres meses.
El imputado cumplirá prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Hombres, en Santiago.
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A finales del mes de octubre de este año le fueron impuesto 18 meses de prisión preventiva a Iván de Jesús Paulino y a Harington José Mosquea Núñez.
Similarmente, el pasado 19 de octubre recibió 18 meses de prisión preventiva Juan Carlos Mosquea Eduardo, quien también es hermano del prófugo Mosquea Polanco, considerado como el principal cabecilla de la red.
También, a principios de ese mes, el Tribunal de Atención Permanente le impuso medida de coerción a los 23 primeros encartados y declaró el caso complejo.
Como resultado de esa decisión, 21 de los implicados también recibieron 18 meses de prisión preventiva y arresto domiciliario, y otros dos garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Asimismo, fue acogida la petición de variar el destino de reclusión a Víctor Elpidio Altagracia Paulino y Luis Daniel Nieves Batista, al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega; Adolfo Antonio Torres Sanabia al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat, y a José Alejandro De la Cruz Morales en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por seguridad a otros internos del mismo proceso.
Igualmente a Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco.
Las imputadas cumplen la medida en el CCR Rafey-Mujeres.
Juan Bautista Carpio Reynoso, cumple arresto domiciliario con vigilancia y una garantía económica de RD$15 millones en efectivo. En tanto que a Raúl Antonio Castro Mota le fue impuesta una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes e impedimento de salida del país.
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