Desde el primer día de su desaparición, los familiares de la adolescente señalaron a quienes tenían como sospechosos: Marlon Martínez, quien era el novio de Emely, y su madre Marlin Martínez, quien al enterarse del embarazo de la menor, le dijo a su hijo: “Resuelve ese problema”.
Una semana angustiante
La mañana del 23 de agosto de 2017, Marlon se fue con Emely a una clínica, supuestamente, a buscar unos resultados, y alegó que dejó a la adolescente en el Cruce de la Bomba de Cenoví, en San Francisco de Macorís.
Al transcurrir las horas, llegan al celular de la hermana de Emely mensajes vía WhatsApp, pero cuando la familia de la adolescente los leyó, estaban escritos en mayúsculas, algo que les resultó extraño, porque acostumbraba a enviar notas de voz.
Al día siguiente, el 24 de agosto, la familia de Emely hace pública su desaparición, y todo el pueblo de San Francisco de Macorís se unió bajo un mismo objetivo: encontrar a la menor.
Las sospechas en contra de Marlon y Marlin aumentaron cuando un día después de la desaparición de Emely, ambos hicieron una rueda de prensa “pidiéndole a Emely que regresara”, pero los nervios los traicionaron, y las sospechas contra ellos se incrementaron. Marlon fue apresado el 25 de agosto de 2017 y al día siguiente le dictaron tres meses de prisión preventiva.
Toda la comunidad de Cenoví, se movilizaba en reclamo de que las autoridades dieran con el paradero de la adolescente. El 30 de agosto de 2017, Marlin Martínez se entrega a las autoridades. Ese mismo día el país se enteró de la confirmación más cruel: Marlon admitió que había asesinado a Emely y dijo que tiró su cuerpo en el vertedero de San Francisco de Macorís.
Tras esa confesión, equipos de búsqueda de la Defensa Civil, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), acompañados de un procurador titular realizaron labores de búsqueda en toda la zona indicada por Martínez, pero ese día no se encontró el cadáver.
Encuentran el cadáver
La noche del jueves 31 de agosto de 2017, las autoridades judiciales y policiales encontraron en la comunidad La Guama del municipio Cayetano Germosén, provincia Espaillat, el cuerpo de Emely en estado de descomposición, en un saco dentro de una maleta.
Mientras buscaban el cuerpo de la adolescente, fueron hallados otros dos cadáveres de menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas.
Las autoridades también apresaron a Bolívar Ureña, y a dos domésticas de la vivienda de Marlin. Todos fueron dejados en libertad meses después.
El informe forense del Inacif de la autopsia practicada al cuerpo en descomposición de la adolescente, determinó que las causas preliminares de la muerte fueron hemorragia interna del útero por aborto inducido y golpe contundente en la cabeza de la jovencita.
El pasado miércoles 31 de octubre fue la última vez que tanto la parte querellante como los imputados estuvieron de frente. Ese día la jueza pospuso para mañana 7 de noviembre la decisión final sobre la condena por el crimen de Emely.
LA PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El ministerio público depositó el 25 de abril de este año la acusación formal contra los implicados en el asesinato de la adolescente Emely Peguero, donde pide una condena de 30 años para Marlon y 20 para su madre.
En la acusación se dejó fuera a las dos domésticas María Balbina Rodríguez Santos y Sugel Miguelina Polo García, así como al hermano de Marlin, Henry Martínez.
También quedó fuera Simón Bolívar Ureña Almánzar (El Boli), luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía.
La acusación fue presentada justo al vencerse el plazo de los ocho meses dado por la jueza Isolina Peralta, quien declaró el caso complejo.
Los abogados de Marlon Martínez pidieron cinco años de reclusión en la cárcel de Salcedo, por ser la que le garantiza seguridad física y pronta reintegración del imputado a la sociedad.
Agregaron que en su defecto, de no acoger esa solicitud, Marlon sea condenado a un máximo de 10 años.
Mientras que la barra de la defensa de Marlin Martínez pidió que sea descargada de todas las acusaciones que tiene en su contra y el cese de la medida de coerción para ser dejada en libertad.
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