Hoy Noticias/San Pedro de Macorís-El contrato entre el Estado dominicano y la firma Central Eléctrica San Pedro de Macorís (CESPM), originalmente, consorcio formado por la firma Cogentrix Energy, propietaria del 65 por ciento del capital accionario y Scotia Energy del 35 restante, ha sido el más oneroso e inapropiado en la historia de la industria eléctrica dominicana.
Ante esa premisa, la peor solución al problema energético de parte del gobierno sería extender el plazo al contrato con esa empresa, además de las garantías soberanas y exenciones tributarias a todos los inversionistas potenciales, lo que implicaría regresar al capitalismo subdesarrollado en donde las empresas quebradas por ineficientes o que se retiran por cambios de política corporativa, tienen la opción de ser compensadas por el Estado ante la amenaza de llevar el caso a tribunales de disputa internacional.
El juicio es del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), a propósito de las pretensiones del gobierno de extender por 15 años más el contrato a Cogentrix, publicado de manera exclusiva por este portal.
En ese sentido, aseguran que el mantenimiento y extensión temporal de la garantía soberana y las exenciones tributarias se constituyen en barrera de entrada para nuevos inversionistas que, o deben competir en situación de desventaja, o deben pagar sobornos y comisiones para lograr los mismos favores estatales, además de que esa situación induciría al gobierno a tomar medidas de acomodo para las empresas en lugar de implementar políticas eficientes de desarrollo.
El escenario anterior, dicen, que incluye la proliferación de exenciones tributarias, también tiende a crear situaciones nocivas de escala macroeconómica, debido a que, por un lado, se erosiona el elemento progresivo del sistema tributario –el de los impuestos directos a la propiedad e ingreso de empresas y personas ricas– lo que induce a los gobiernos a poner más énfasis en el elemento regresivo de los impuestos que afectan más a los pobres que a los ricos, y “esa es una patología económica de la que ya sufre gravemente la economía dominicana”.
CESPM, adquirida en principio por Goldman Sachs, pasa a ser en 2006 propiedad del consorcio dominicano Interenergy, formada por el Grupo Vicini y Basic Energy, y posee un contrato de compra-venta de energía (PPA) a 20 años, siendo el primer y único contrato eléctrico soberano ratificado por el Congreso Nacional dominicano, cuya vigencia caduca en 2021.
Según el ODPP-UASD, la idea -concepción y diseño- de este contrato fue introducida por Temístocles Montás y Celso Marranzini en 1997, el primero en su condición de administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), y el segundo como presidente del Consejo directivo de la entidad estatal. Sin embargo, la ejecución y firma de contrato correspondió al ex administrador de CDE, Radhamés Segura, entre 1998 y 2000. La puesta en operación se produjo en fases entre noviembre de 2001 y marzo de 2002.
GUILLERMO ANT.
