“Esta falta de información ha creado una duda sobre si los responsables de dichos actos recibirán las sanciones correspondientes”, dijo Mejía.
Indicó que la decisión tomada por el juez José Alejandro Vargas, de declarar inadmisible el acuerdo, añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre este caso.
Al referirse a dos proyectos en que estuvo involucrada la empresa brasileña durante su gestión, proclamó que no tiene nada que ocultar sobre su conducta como figura pública y que no es cierto que en el caso Odebrecht pudo haber actuado al margen de la ley.
Precisó que no es la primera vez que, de manera irresponsable, se ha insinuado que ha estado involucrado en actos de corrupción. Indicó que se le atribuyó la propiedad de la finca Aguayo, del proyecto de magos de Fundación en Baní, y de la finca ganadera de Ysura, en Azua.
Mejía Domínguez habló al país a través de una cadena de radio y televisión.
Retó a cualquier persona que pueda demostrar, de manera cierta y veraz, que en el ejercicio de sus funciones públicas o en sus actividades privadas, tanto su esposa, su hermana y sus hijos “cometimos algún acto de corrupción, estaría en disposición de retirarme de la vida política y entregar mi patrimonio al Estado”.
Indicó que la lucha contra la corrupción siempre ha sido parte fundamental de sus posiciones públicas.
“Para muchos, la causa por la que no pude alcanzar la victoria en las elecciones del 2012 fue mi posición intransigente ante ese flagelo y mi actitud de no hacer concesiones a quienes perseguían un pacto de impunidad”, puntualizó.
Dijo que, al iniciar su presidencia, encontró un contrato de préstamo por un monto de 129 millones de dólares que había sido aprobado el 7 de octubre de 1999, por el gobierno de Leonel Fernández. Se refiere al acueducto de la Línea Noroeste.
“Decidí darle continuidad a ese proyecto porque conozco, desde hace mucho tiempo, la relevancia del agua potable para mejorar la calidad de vida de los residentes de la Línea Noroeste. De manera muy personal, me sentí en el deber, como presidente, de hacer realidad el sueño de Antonio Guzmán y José Francisco Peña Gómez de dotar de agua a esa región.
Dijo , en segundo lugar, se buscaba que el acueducto funcionara por gravedad, en lugar de usar bombas de impulsión. Al distribuir el agua por gravedad, los costos de operación del acueducto se reducirían considerablemente durante su vida útil.
Explicó que el contrato de ejecución de esta obra fue adjudicado a un consorcio integrado por las empresas brasileñas Andrade Gutierres y Odebrecht.
El otro proyecto contratado con la empresa brasileña, durante su presidencia, fue el de la Presa de Pinalito.
“Este proyecto consistía en la construcción de una central hidroeléctrica en la provincia Monseñor Nouel, aguas arriba de la presa de Río Blanco”.
Dijo que la importancia del proyecto era, entre otros aspectos, la generación hidráulica de 50 megavatios de energía eléctrica. Y, el segundo, la protección de la cuenca hidrográfica de la presa de Río Blanco.
Hipólito Mejía dijo que en el contexto de asombro e indignación social creado por este caso, se dice que los presidentes desde 1999 hasta la fecha tienen responsabilidad directa en la comisión de los hechos denunciados. Con esto, refirió, se quiere dejar en la conciencia pública la idea de que en el país todos los gobernantes aprovechan su posición para beneficio propio.
Otras noticias
Ventarrón afecta dos viviendas en Santiago
